Hay una frase que convendría recordar cada vez que se publica un informe que incomoda: los números no mienten, quien los lee sí.
Y los números del Informe PISA 2025 para España deberían incomodarnos.
No porque España haya obtenido malos resultados en una clasificación internacional. No porque la educación deba convertirse en una competición entre países. Y tampoco porque PISA sea la única herramienta capaz de medir la calidad de un sistema educativo.
Deberían incomodarnos porque los datos muestran una evolución que resulta difícil de ignorar.
España obtiene 477 puntos en ciencias, 451 en lectura y 457 en matemáticas. En las tres competencias se sitúa por debajo de la media de la OCDE. Pero quizá lo más preocupante no sea solamente la fotografía de 2025, sino la evolución respecto a 2022: 23 puntos menos en lectura, 16 menos en matemáticas y 7 menos en ciencias.
Los datos son los que son.
Y aquí quizá convenga recordar una expresión atribuida a Lenin: “los hechos son tozudos”.
Podemos discutir las causas. Podemos buscar explicaciones. Podemos poner las cifras en contexto. Podemos señalar que el deterioro del rendimiento educativo no es exclusivamente español y que afecta a numerosos países.
Todo eso es legítimo.
Lo que resulta bastante más difícil es discutir con los datos.
¿Se están haciendo las cosas como se debe?
Esta debería ser la pregunta.
No si el resultado es políticamente incómodo.
No si puede utilizarse para atacar al Gobierno de turno.
No si la culpa corresponde a una comunidad autónoma, a la anterior reforma educativa o a la siguiente.
La pregunta debería ser mucho más sencilla:
¿Se están haciendo las cosas como se debe?
Porque España lleva décadas acumulando reformas educativas. Cambian las leyes, cambian los currículos, cambian las metodologías, cambian las nomenclaturas y cambian los discursos.
Pero hay algo que permanece.
Los alumnos siguen teniendo que aprender.
Y los resultados deberían servirnos para comprobar si realmente están aprendiendo lo que necesitan.
23 puntos menos en lectura no son una anécdota
Hay un dato que debería hacernos detenernos especialmente: España pierde 23 puntos en lectura respecto a 2022.
No estamos hablando de una décima.
No estamos hablando de una pequeña oscilación.
Estamos hablando de una caída importante en una competencia que resulta fundamental para prácticamente todo lo demás.
Porque comprender lo que se lee no sirve únicamente para aprobar Lengua.
Un alumno que tiene dificultades para comprender un texto tendrá también más dificultades para interpretar un problema matemático, entender un enunciado científico, analizar una información, seguir unas instrucciones o distinguir un argumento sólido de una simple opinión.
La comprensión lectora no es una asignatura más.
Es una herramienta para aprender.
Y cuando esa herramienta se deteriora, las consecuencias pueden terminar apareciendo en muchas otras áreas.
Las matemáticas tampoco son una cuestión menor
Los 457 puntos de España en matemáticas, frente a los 463 de media de la OCDE, tampoco permiten demasiadas celebraciones.
Respecto a 2022, España pierde 16 puntos.
Y aquí aparece otra cuestión fundamental.
¿Estamos formando alumnos capaces de memorizar contenidos para superar una evaluación o estamos formando jóvenes capaces de razonar, interpretar, resolver problemas y aplicar lo aprendido a situaciones reales?
Porque esa debería ser la discusión.
No si una asignatura se llama de una manera u otra.
No si una ley educativa tiene más competencias o menos.
No si el examen es más fácil o más difícil.
La cuestión es si, después de años de reformas educativas, nuestros alumnos están aprendiendo más y mejor.
Los resultados de PISA obligan, como mínimo, a preguntárselo.
Buscar culpables es mucho más fácil que asumir responsabilidades
Cuando aparecen resultados como estos, la maquinaria de las explicaciones se pone rápidamente en marcha.
Unos culparán al Gobierno.
Otros a las comunidades autónomas.
Otros a la LOMLOE.
Otros a las familias.
Otros a los profesores.
Otros a las pantallas.
Otros a la pandemia.
Otros a la inmigración.
Y probablemente algunos tendrán parte de razón.
La educación es demasiado compleja como para explicar sus resultados mediante una única causa.
La propia OCDE advierte de que el deterioro del rendimiento es un fenómeno internacional y que no puede establecerse una explicación causal sencilla a partir de PISA.
Pero hay una trampa en todo esto.
Que otros países también hayan empeorado no convierte en buenos nuestros resultados.
Y tampoco debería utilizarse el contexto internacional como una especie de anestesia colectiva, vendedores de humo, como diría «el otro».
Si todos caen, podemos preguntarnos por qué.
Pero si nosotros caemos, también debemos preguntarnos qué estamos haciendo mal.
La completa falta de autocrítica
Y aquí llegamos, probablemente, al problema que considero más preocupante.
La completa falta de autocrítica.
No hablo de los profesores.
No hablo de las familias.
No hablo de los alumnos.
Hablo fundamentalmente de quienes tienen capacidad para diseñar, modificar y evaluar las políticas educativas.
España lleva décadas encadenando reformas educativas.
Cuando una reforma llega al poder, suele presentarse como la solución a los problemas de la anterior.
Cuando aparecen malos resultados, siempre parece existir una explicación externa.
Lo que rara vez escuchamos es algo mucho más sencillo:
“Quizá nos hemos equivocado.”
Parece una frase demasiado difícil de pronunciar.
Es mucho más cómodo señalar al anterior Gobierno, a la oposición, a las comunidades autónomas, a los profesores, a las familias o al móvil.
Y mientras tanto, el alumno sigue esperando.
Oportunidades perdidas
La educación tiene una particularidad que la diferencia de muchas otras políticas públicas: cada generación pasa por las aulas una sola vez.
Un joven que hoy tiene 15 años no puede recuperar dentro de diez los conocimientos que no adquirió cuando los necesitaba.
Por eso cada reforma que no funciona, cada decisión equivocada y cada año perdido puede convertirse en una oportunidad perdida.
Y aquí aparece uno de los grandes problemas de la política educativa española: la dificultad para construir un modelo estable, evaluable y suficientemente duradero como para comprobar si funciona.
No necesitamos necesariamente otra reforma educativa.
Necesitamos saber qué queremos que nuestros jóvenes sepan hacer cuando terminen la enseñanza obligatoria.
Y después medirlo.
Y si los resultados no son buenos, cambiar lo que haya que cambiar.
Sin complejos.
Sin ideología.
Sin buscar excusas.
No todo son malas noticias
Sería injusto convertir este análisis en un ataque indiscriminado contra el sistema educativo español.
Porque los propios datos muestran elementos positivos.
España presenta una posición relativamente favorable en términos de equidad educativa, con una diferencia de rendimiento entre alumnado favorecido y desfavorecido socioeconómicamente inferior a la media de la OCDE.
También registra niveles de perseverancia ante el aprendizaje y de sentido de pertenencia al centro educativo superiores a los promedios internacionales.
Eso también son datos.
Y precisamente por eso el debate debería ser más serio.
No tenemos un sistema educativo que no funcione en absoluto. Tenemos un sistema con fortalezas importantes y problemas que se están agravando.
La obligación debería ser identificar unos y otros.
Porque reconocer lo que funciona no obliga a negar lo que no funciona.
Y reconocer lo que no funciona no significa despreciar todo el trabajo que realizan miles de docentes cada día.
PISA no es la Biblia, pero tampoco es irrelevante
También conviene poner las cosas en su sitio.
PISA no mide todas las capacidades de un estudiante.
No mide toda la calidad de un sistema educativo.
No explica por sí mismo por qué se producen los resultados.
Y tampoco debería utilizarse como una clasificación deportiva en la que cada país celebra o lamenta su posición.
Pero una cosa es reconocer sus limitaciones y otra muy diferente utilizarlas como excusa para ignorar sus resultados.
Cuando un indicador ofrece una caída tan significativa en tres competencias fundamentales, lo razonable no es esconderlo debajo de la alfombra.
Lo razonable es estudiarlo.
Preguntarse por qué.
Y actuar.
¿Y ahora qué?
Esta es la pregunta que realmente importa.
Porque dentro de unos meses tendremos nuevos debates políticos, nuevas declaraciones y probablemente nuevas propuestas.
Pero los alumnos seguirán en las aulas.
Por eso habría que exigir algo mucho más sencillo: evaluar las políticas educativas con los mismos criterios con los que evaluamos a los alumnos.
Si una medida funciona, se mantiene.
Si no funciona, se modifica.
Si una metodología no produce los resultados esperados, se analiza.
Si faltan profesores o personal de apoyo, se corrige.
Si determinadas tecnologías están perjudicando determinados aprendizajes, se estudia y se actúa.
Si el problema está en la comprensión lectora, se refuerza la lectura.
Y si el problema está en las matemáticas, se refuerzan las matemáticas.
No debería ser tan complicado.
Los números no mienten
PISA no es la Biblia de la educación.
No lo explica todo.
No mide todas las capacidades.
No determina por sí solo las causas del deterioro educativo.
Pero sí ofrece una fotografía suficientemente importante como para que nadie pueda mirar hacia otro lado.
España ha perdido 23 puntos en lectura, 16 en matemáticas y 7 en ciencias respecto a 2022.
Podemos discutir durante semanas sobre las causas.
Podemos debatir sobre las pantallas, la pandemia, las leyes educativas, las familias, los profesores, los recursos, la inmigración o las diferencias territoriales.
Y debemos hacerlo.
Pero hay algo que no deberíamos hacer: negar el problema porque el dato no encaja con nuestro relato.
Porque los números no mienten.
Los hechos son tozudos.
Lo que queda por saber es si quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones están dispuestos a leerlos sin filtros.
Y, sobre todo, si tendrán la suficiente autocrítica para reconocer que, cuando los resultados empeoran, quizá no sea el momento de buscar culpables.
Quizá sea el momento de cambiar lo que no funciona.
