Hay una España que se inaugura constantemente y otra que espera
La primera aparece en las fotografías oficiales, con autoridades sonrientes, placas recién descubiertas, tijeras preparadas para cortar cintas y discursos en los que palabras como «avance», «compromiso», «transformación» o «futuro» parecen formar parte obligatoria del vocabulario.La segunda no suele aparecer en las fotografías.
Es la España que espera un tren. La que espera una cita. La que espera una carretera que lleva años pendiente de una solución. La que espera que llegue una ayuda que ya ha sido anunciada varias veces. La que espera que una oficina vuelva a prestar el servicio que antes ofrecía. La que espera que alguien conteste al teléfono. La que espera que una obra termine.
Y, sobre todo, es la España que espera que aquello que se anuncia termine algún día funcionando.
Porque hemos desarrollado una curiosa habilidad: confundir el anuncio con la solución.
Presentar un proyecto se ha convertido, en demasiadas ocasiones, en una forma de dar por resuelto aquello que apenas acaba de comenzar. Una partida presupuestaria se presenta como una inversión. Una inversión se presenta como una transformación. Y una transformación, antes incluso de producirse, ya forma parte del balance de gestión.
Pero entre anunciar una solución y resolver un problema existe una distancia considerable.
Y esa distancia es precisamente donde vive el ciudadano.
No significa que las inauguraciones no sean necesarias. Naturalmente que lo son. Las obras deben terminar, los proyectos deben ponerse en marcha y las inversiones deben hacerse visibles. El problema aparece cuando la política concede más importancia al momento de anunciar que al momento de comprobar si aquello funciona.
Porque inaugurar una infraestructura es relativamente sencillo.
Mantenerla, financiarla, dotarla de personal, conseguir que preste el servicio previsto y evaluar si realmente ha mejorado la vida de quienes la utilizan es bastante más complicado.
Y, sin embargo, es esto último lo que debería importar.
Hemos construido una cultura política en la que el titular parece tener más valor que el resultado. El anuncio tiene fecha. La inauguración tiene fotografías. La rueda de prensa tiene repercusión. El proyecto tiene una presentación impecable.
El resultado, en cambio, necesita tiempo.
Y además puede ser incómodo.
Porque permite hacer preguntas.
¿Cuántas personas utilizan realmente ese servicio? ¿Ha mejorado los tiempos? ¿Ha creado empleo? ¿Ha conseguido atraer población? ¿Ha reducido una desigualdad territorial? ¿Ha mejorado la actividad económica? ¿Se mantiene el presupuesto previsto? ¿Funciona cinco años después de la inauguración? O sea, una evaluación de las políticas públicas.
Son preguntas menos vistosas que una fotografía institucional, pero bastante más importantes.
Especialmente en territorios como los nuestros, donde durante años se ha hablado de combatir la despoblación, mejorar los servicios, impulsar el empleo y garantizar oportunidades.
La despoblación no se combate inaugurando proyectos contra la despoblación.
Se combate consiguiendo que una persona pueda decidir quedarse.
Y para que alguien pueda quedarse no basta con una carretera inaugurada, una subvención anunciada o un programa presentado. Necesita empleo, vivienda, servicios, transporte, educación, sanidad, conectividad y, sobre todo, la sensación de que vivir allí no significa aceptar permanentemente una versión reducida de los derechos y oportunidades que existen en otros lugares.
Tal vez deberíamos empezar a cambiar la pregunta.
En lugar de preguntar cuántos millones se han anunciado, cuántos proyectos se han presentado o cuántas infraestructuras se han inaugurado, deberíamos preguntar algo mucho más sencillo:
¿Qué ha cambiado realmente para la gente? ¿Transparencia y acceso a la información pública?
Esa debería ser la medida de cualquier política pública.
No cuántas veces apareció un proyecto en una nota de prensa. No cuántas autoridades acudieron a su presentación. No cuántas fotografías generó.
Sino qué ocurre cuando desaparecen las cámaras.
Porque esa es la España que importa.
La que utiliza el tren un martes cualquiera. La que intenta abrir un negocio sin perderse entre formularios. La que lleva a sus hijos al colegio. La que necesita acudir al médico. La que busca una vivienda. La que quiere trabajar sin tener que marcharse. La que intenta mantener abierto un comercio. La que quiere seguir viviendo en su pueblo.
Esa España no necesita que le inauguren constantemente el futuro.
Necesita que le funcione el presente, lo que se aparenta y lo que realmente se hace: El anuncio tiene fecha. La inauguración tiene fotografías. La rueda de prensa tiene repercusión. El proyecto tiene una presentación impecable.
Y quizá ha llegado el momento de que empecemos a medir la gestión pública no por la cantidad de cosas que somos capaces de inaugurar, sino por la cantidad de problemas que somos capaces de dejar de inaugurar cada año.
Porque una administración realmente eficaz no debería aspirar a aparecer muchas veces en las fotografías. No debería querer ser la España que se inaugura.
Debería conseguir que cada vez hubiera menos motivos para hacerlas. La política de resultados exige también asumir cierta responsabilidad sobre lo que se afirma, algo que, sin duda, no es tenido en cuenta por la dichosa España que se inaugura.
